Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-231"
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"Señor Presidente, señora Comisaria Kroes, queridos colegas, la existencia de libertad económica, el funcionamiento del mercado interior y la sostenibilidad del desarrollo europeo son inseparables de la política de la competencia. Desde la firma del Tratado de Roma, hace 50 años, su importancia no ha dejado de aumentar. La competencia es un indicador de la vitalidad y excelencia europea, una política clave para cumplir la estrategia de Lisboa y alcanzar los objetivos de la Unión.
Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 —a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80— fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage
Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros —según el estudio encargado por la Comisión— revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo —a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales—. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
—, la fijación de indemnizaciones por el triple de daños, los excesos en el acceso a documentos y el sistema de honorarios profesionales o costas procesales."@ro18
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"Señor Presidente, señora Comisaria Kroes, queridos colegas, la existencia de libertad económica, el funcionamiento del mercado interior y la sostenibilidad del desarrollo europeo son inseparables de la política de la competencia. Desde la firma del Tratado de Roma, hace 50 años, su importancia no ha dejado de aumentar. La competencia es un indicador de la vitalidad y excelencia europea, una política clave para cumplir la estrategia de Lisboa y alcanzar los objetivos de la Unión.
Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 —a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80— fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage
Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros —según el estudio encargado por la Comisión— revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo —a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales—. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
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Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 —a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80— fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage
Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros —según el estudio encargado por la Comisión— revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo —a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales—. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
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Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 —a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80— fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage
Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros —según el estudio encargado por la Comisión— revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo —a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales—. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
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Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 —a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80— fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage
Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros —según el estudio encargado por la Comisión— revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo —a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales—. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
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Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
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En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
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| lpv:translated text |
"Señor Presidente, señora Comisaria Kroes, queridos colegas, la existencia de libertad económica, el funcionamiento del mercado interior y la sostenibilidad del desarrollo europeo son inseparables de la política de la competencia. Desde la firma del Tratado de Roma, hace 50 años, su importancia no ha dejado de aumentar. La competencia es un indicador de la vitalidad y excelencia europea, una política clave para cumplir la estrategia de Lisboa y alcanzar los objetivos de la Unión.
Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 —a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80— fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage
Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros —según el estudio encargado por la Comisión— revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo —a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales—. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
—, la fijación de indemnizaciones por el triple de daños, los excesos en el acceso a documentos y el sistema de honorarios profesionales o costas procesales."@lt14
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"a priori"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,21,4,17,12
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"Señor Presidente, señora Comisaria Kroes, queridos colegas, la existencia de libertad económica, el funcionamiento del mercado interior y la sostenibilidad del desarrollo europeo son inseparables de la política de la competencia. Desde la firma del Tratado de Roma, hace 50 años, su importancia no ha dejado de aumentar. La competencia es un indicador de la vitalidad y excelencia europea, una política clave para cumplir la estrategia de Lisboa y alcanzar los objetivos de la Unión.
Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 —a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80— fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage
Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros —según el estudio encargado por la Comisión— revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo —a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales—. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
—, la fijación de indemnizaciones por el triple de daños, los excesos en el acceso a documentos y el sistema de honorarios profesionales o costas procesales."@pl16
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"Señor Presidente, señora Comisaria Kroes, queridos colegas, la existencia de libertad económica, el funcionamiento del mercado interior y la sostenibilidad del desarrollo europeo son inseparables de la política de la competencia. Desde la firma del Tratado de Roma, hace 50 años, su importancia no ha dejado de aumentar. La competencia es un indicador de la vitalidad y excelencia europea, una política clave para cumplir la estrategia de Lisboa y alcanzar los objetivos de la Unión.
Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 —a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80— fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage
Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros —según el estudio encargado por la Comisión— revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo —a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales—. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
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El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
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| lpv:translated text |
"Hr. formand! Kommissær Kroes, mine damer og herrer, den økonomiske frihed, det indre markeds funktion og bæredygtigheden i den europæiske udvikling er nært knyttet til konkurrencepolitikken. Siden undertegnelsen af Rom-traktaten for 50 år siden er den hele tiden vokset i betydning. Konkurrence er en indikator for europæisk vitalitet og excellence, en central politik til opfyldelse af Lissabon-strategien og opnåelse af EU's mål.
Vi skal kompensere for disse ubalancer og sikre, at overtræderen påtager sig sit ansvar, uden at ødelægge retsplejeprincippet om parternes ligestilling eller kunstigt at tilskynde til sagsanlæg. Det drejer sig om at opmuntre til en rationel anvendelse af søgsmålsretten og ikke til juridisk aktivisme, og ikke mindst at fremme en mindelig og tidlig konfliktløsning.
En EU-beføjelse er en beføjelse, der udelukkende henhører under EU. De nationale administrative og retslige procedurer ændrer ikke dette forhold, og de bør ikke hindre, at der findes fælles sanktionsretningslinjer i henhold til principperne om den bedste lovgivning.
Jeg slutter med at takke ordføreren for Retsudvalget, hr. Doom, for hans værdifulde samarbejde, bistanden fra de stedfortrædende ordførere og bidragene fra de medlemmer, der har stillet ændringsforslag.
Jeg værdsætter den konstante og eksemplariske dialog med Kommissionen under udarbejdelsen af betænkningen, og jeg opfordrer kommissæren til at blive ved med at komme med beviser på sin forpligtelse i den næste hvidbog.
De konkurrencebegrænsende overtrædelser ændrer det ærlige spil, de påvirker handelsstrømmene mellem medlemsstaterne og formindsker tilliden til reglerne, ligesom de bremser EU's dynamik og resultater. Det er vigtigt at råde over afskrækkende og reaktive midler.
Overtrædelserne er især blevet behandlet ved hjælp af offentlige søgsmål af administrativ karakter. Centraliseringen af anvendelsen af stk. 3), i artikel 81 ved hjælp af Kommissionens
kontrol, der er blevet opblødt med undtagelsesforordninger siden 1980'erne, blev offer for sin egen succes. Efterspørgslen efter mere og bedre konkurrence afslørede dens økonomiske ineffektivitet og juridiske utilstrækkelighed.
De private søgsmåls rolle blev understreget af EF-Domstolen, da dommen Courage mod Crehan fra 2001 anerkendte muligheden for, at enhver person kan gøre sine krav gældende over for de nationale jurisdiktionelle organer for de skader, som lovovertræderen har forvoldt.
Moderniseringen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 brød Kommissionens monopol og anerkendte et mere åbent system, der kan anvendes decentralt af de administrative myndigheder, der indgår i netværket af europæiske konkurrencemyndigheder, og også direkte af de nationale domsmyndigheder.
Muligheden for private søgsmål er ikke noget eksotisk, men derimod en tilbagevenden til den klassiske retspraksis om, at fællesskabsretten pålægger staterne og borgerne nogle forpligtelser og medfører vertikale og horisontale virkninger, der er underlagt retsbeskyttelse. Anvendelsen heraf i medlemsstaterne afslører - i henhold til en undersøgelse bestilt af Kommissionen - en overraskende mangfoldighed og total underudvikling - til forskel fra USA, hvor ni ud af 10 sager om anvendelse anlægges ved retten. Ordføreren er positivt stemt over for Kommissionens offentliggørelse af en grønbog med det formål at identificere hindringerne for udøvelsen af private søgsmål og finde svar, så disse hindringer kan fjernes.
I et avanceret konkurrencesystem bør offentlig påtale af lovovertrædernes straffrihed suppleres med private søgsmål mod straffrihed og sikkerhed for skadesløsholdelse for de skader, som deres adfærd har forvoldt ofrene. At fremme udøvelsen af private søgsmål vil gøre konkurrencereglerne mere effektive. Det kan begrundes af såvel hensynet til effektiviteten som retfærdigheden. Pålæggelse af bøder er utilstrækkeligt, hvis det ikke ledsages af private søgsmål, der forhindrer, at lovovertræderen nyder fordele på bekostning af konkurrenterne på grund af overtrædelsen, og giver ofrene for de forvoldte skader erstatning. Det fremgår af betænkningen, at offentlig påtale og private søgsmål udgør to grundpiller med det komplementære formål at beskytte markedsdisciplinen i det offentliges interesse samt beskytte deltagernes private interesser.
De administrative og retlige myndigheders anvendelse af fællesskabsretten på konkurrenceområdet bør ikke føre til, at den ikke anvendes ensartet. En afgørelse må ikke variere afhængig af den myndighed, der træffer den. Det er et centralt punkt. Det er nødvendigt at bevare den gældende fællesskabsret og effektiviteten i programmerne om bødenedsættelsesordninger, koordinere de offentlige og de private søgsmål og styrke samarbejdet mellem alle konkurrencemyndighederne.
Betænkningen foreslår en fællesskabsmodel i overensstemmelse med EU's juridiske kultur, som tager højde for medlemsstaternes juridiske traditioner. Den afviser en glidning mod den nordamerikanske model, da den ikke er enig i hensigtsmæssigheden i nævnte models besynderlige karakteristika så som muligheden for domstole bestående af ikkefagfolk - de såkaldte
fastsættelse af tredobbelte skadeserstatninger, strenge krav til aktindsigt og systemet med advokaternes honorarer eller sagsomkostningerne."@da2
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| lpv:translated text |
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Kroes, hyvät kollegat, vapaa talous, sisämarkkinoiden toiminta ja EU:n kestävä kehitys ovat erottamattomasti yhteydessä kilpailupolitiikkaan. Kilpailupolitiikan merkitys on kasvanut jatkuvasti näiden 50 vuoden aikana, jotka ovat kuluneet Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta. Kilpailu on merkki eurooppalaisesta elinvoimasta ja huippulaadusta, ja kilpailupolitiikka on keskeisen tärkeä Lissabonin strategian noudattamisen ja EU:n tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Epätasapaino on korjattava ja velvollisuuksien täyttäminen varmistettava niin, ettei samalla toimita vastoin molempien osapuolten tasavertaisen aseman periaatetta tai lisätä keinotekoisesti kanteiden määrää. Tavoitteena on edistää kanteiden järkevää käyttöä, ei aktiivista oikeustoimintaa, ja ennen kaikkea tukea riitojen sovittelua ja varhaista sopimista.
Yhteisön laajuinen kilpailu kuuluu EU:n yksinomaiseen toimialaan. Kansalliset hallinto- ja oikeusmenettelyt eivät muuta tätä tosiseikkaa, eivätkä ne saa paremman lainsäädännön periaatteiden mukaisesti olla seuraamuksia koskevien yhteisten suuntaviivojen noudattamisen esteenä.
Haluan lopuksi kiittää oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon laatijaa Doornia hänen arvokkaasta yhteistyöstään, varjoesittelijöitä heidän avustaan ja tarkistuksia esittäneitä parlamentin jäseniä heidän osallistumisestaan.
Arvostan mietinnön laadintavaiheessa komission kanssa käytyä jatkuvaa ja esimerkillistä vuoropuhelua ja kehotan komission jäsentä osoittamaan sitoumuksensa seuraavassa valkoisessa kirjassa.
Kilpailulainsäädännön rikkomukset vääristävät rehellistä peliä, vaikuttavat jäsenvaltioiden välisiin kauppavirtoihin ja vähentävät luottamusta sääntöihin. Ne heikentävät EU:n dynaamisuutta ja huonontavat tuloksia. On tärkeää, että käytössä on ehkäiseviä ja rankaisevia keinoja.
Rikkomuksiin on puututtu pääasiassa hallinnollisilla viranomaistoimilla. Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisen keskittäminen niin, että komissio on ensisijaisessa vastuussa valvonnasta – tätä vastuuta on kuitenkin kevennetty 1980-luvulta lähtien annetuilla poikkeusasetuksilla – kompastui omaan nokkeluuteensa. Paremman kilpailun lisäämisen vaatimukset paljastivat artiklan taloudellisen riittämättömyyden ja oikeudellisen puutteellisuuden.
Yhteisöjen tuomioistuin korosti yksityisten kanteiden merkitystä vuonna 2001 asiassa Courage vastaan Crehan antamassaan tuomiossa, jossa todettiin, että kuka tahansa voi nostaa tuomioistuimessa vahingonkorvauskanteen vaatiakseen korvausta rikkojan toiminnallaan aiheuttamasta vahingosta.
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 päivittämisellä lopetettiin komission yksinvalta ja otettiin käyttöön avoimempi järjestelmä, jota soveltavat hajautetusti yhteisön kilpailuviranomaisten verkon muodostavat hallintoviranomaiset ja suoraan jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset.
Mahdollisuus nostaa yksityisiä kanteita ei ole mitään uutta, vaan pikemminkin paluu klassiseen oikeustieteeseen, jonka mukaan yhteisön oikeudesta johtuu velvoitteita valtioille ja yksityisille henkilöille ja sillä on alakohtaisia ja monialaisia vaikutuksia, jotka edellyttävät oikeudellista suojaa. Yksityisiä kanteita käytetään komission teettämän tutkimuksen mukaan hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa, ja niihin turvaudutaan hyvin harvoin, toisin kuin Yhdysvalloissa, missä yhdeksän kymmenestä rikkomismenettelystä on oikeudellisia. Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission julkaisemaan vihreään kirjaan, jossa määritellään yksityisten kanteiden nostamisen esteet ja pohditaan tapoja niiden poistamiseksi.
Kehittyneessä kilpailujärjestelmässä rikkojan rankaisemattomuuden vastaisia julkisia kanteita olisi tuettava yksityisillä kanteilla, joissa riitautetaan rikkojan koskemattomuus ja vastuusta vapauttaminen suhteessa sen toimista kärsineelle osapuolelle aiheutuneeseen vahinkoon. Yksityisten kanteiden helpottaminen tehostaa kilpailusääntöjen vaikutusta. Niitä puoltaviin väitteisiin kuuluvat sekä tehokkuus että oikeudenmukaisuus. Sakkojen määrääminen ei riitä, ellei sen ohella nosteta yksityisiä kanteita sen estämiseksi, että rikkoja hyötyy rikkomuksestaan suhteessa kilpailijoihinsa, ja sen varmistamiseksi, että vahinkoa kärsineet saavat korvauksen. Mietinnössä todetaan, että julkiset ja yksityiset kanteet muodostavat kaksi osa-aluetta, joiden toisiaan täydentävinä tavoitteina ovat markkinakurin varmistaminen yleisen edun mukaisesti ja markkinoiden toimijoiden etujen suojaaminen.
Hallinto- ja oikeusviranomaisten soveltaman yhteisön kilpailuoikeuden ei pidä johtaa soveltamisen epäyhtenäisyyteen. Tuomiot eivät saa vaihdella sen mukaan, mikä viranomainen niitä antaa. Tämä on olennaista. Yhteisön säännöstöä ja seuraamusten lieventämistä koskevien ohjelmien tehokkuutta on ylläpidettävä, julkisia ja yksityisiä kanteita on koordinoitava sekä kaikkien toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä on tehostettava.
Mietinnössä ehdotetaan EU:n oikeuskulttuurin mukaista yhteisön mallia, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden oikeusperinteet. Siinä vastustetaan siirtymistä kohti Yhdysvaltojen mallia siksi, ettei ole suositeltavaa omaksua tuon mallin erityispiirteitä, kuten muista kuin ammattilaisista koostuvia oikeuselimiä, ryhmäkanteita, vahinkoon nähden kolminkertaisia vahingonkorvauksia, asiakirjojen paljastamista koskevia tiukkoja sääntöjä sekä asianajajan palkkioita ja oikeudenkäyntikuluja koskevaa järjestelmää."@fi7
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| lpv:translated text |
"Herr talman, kommissionsledamot Kroes, mina damer och herrar! Det finns ett oupplösligt samband mellan ekonomisk frihet, den inre marknadens sätt att fungera, den europeiska utvecklingens hållbarhet och konkurrenspolitiken. Sedan Romfördraget undertecknades för 50 år sedan har dess betydelse bara blivit större och större. Konkurrensen är ett mått på EU:s livskraft och styrka. Det är en viktig politik för att uppfylla målen för Lissabonstrategin och uppnå unionens mål.
Vi måste kompensera för den bristande balansen och se till att skadeståndsskyldigheten respekteras, utan att bryta mot principen om lika villkor eller stimulera en ökning av antalet tvister på ett konstgjort sätt. Syftet är att uppmuntra en rationell användning av rättsliga åtgärder, inte rättslig aktivism, och framför allt att bidra till tidiga uppgörelser i godo.
På gemenskapsnivå är konkurrensen EU:s exklusiva befogenhet. Administrativa och rättsliga förfaranden på nationell nivå kan inte ändra på detta och de får inte stå i vägen för gemensamma riktlinjer för påföljder i enlighet med principerna för bättre lagstiftning.
Jag avslutar med att tacka föredraganden för utskottet för rättsliga frågor, Bert Doorn, för hans värdefulla samarbete, skuggföredragandena för deras hjälp och de ledamöter som har lagt fram ändringsförslag för deras bidrag.
Jag uppskattar den oavbrutna och föredömliga dialog som jag haft med kommissionen under arbetet med betänkandet och jag uppmanar kommissionsledamoten att ge fortsatta prov på sitt engagemang i nästa vitbok.
Konkurrensen blir orättvis om reglerna överträds, eftersom detta påverkar utbytet mellan medlemsstaterna och skadar förtroendet för reglerna. Det skadar unionens dynamik och dess resultat. Det är viktigt att vi har mekanismer som kan fungera i avskräckande och motverkande syfte.
Överträdelser har i första hand hanterats med offentliga åtgärder av administrativ karaktär. Den centraliserade tillämpningen av artikel 81.3 – genom förhandskontroll av kommissionen, som tonades ned med hjälp av undantagsförordningar från 1980-talet – blev offer för sina egna framgångar. Kraven på mer och bättre konkurrens avslöjade att systemet var ekonomiskt ineffektivt och hade rättsliga brister.
I sitt utslag i målet Courage mot Crehan från 2001 framhöll EG-domstolen vikten av privata initiativ då den slog fast att vem som helst kan väcka talan vid nationella domstolar och kräva skadestånd för skada som orsakats dem genom handlande som begränsar eller snedvrider konkurrensen.
Den modernisering som infördes med rådets förordning (EG) nr 1/2003 bröt kommissionens monopol och ledde till införandet av ett öppnare system som kan tillämpas på ett decentraliserat sätt av de administrativa myndigheter som utgör nätverket av gemenskapens konkurrensmyndigheter och även direkt av nationella rättsliga myndigheter.
Möjligheten för privatpersoner att väcka talan är inte något exotiskt, utan snarare en återgång till klassisk juridik enligt vilken gemenskapsrätten medför förpliktelser för stater och enskilda, och har såväl vertikala som horisontella effekter som måste skyddas. Enligt en studie som beställts av kommissionen finns det mycket stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller privata rättsageranden och användningen av dem är dåligt utvecklad. I Förenta staterna är nio av tio fall om tillämpningen av konkurrenslagstiftningen privata skadeståndsanspråk. Föredraganden ser positivt på att kommissionen har offentliggjort en grönbok för att identifiera de hinder som står i vägen för privata rättsageranden och söka efter sätt att undanröja dessa hinder.
I ett avancerat system bör offentliga ageranden mot regelbrytande företags straffrihet backas upp av privata aktioner mot immunitet och skadestånd som står i proportion till de skador som drabbat offren för deras handlingar. Om det blir enklare att inleda privata rättsageranden kommer konkurrensreglerna att bli effektivare. Argumenten för detta handlar både om effektivitet och om rättvisa. Det räcker inte att regelbrytande företag bötfälls om detta inte åtföljs av privata rättsageranden för att förhindra att företaget kan vinna fördelar gentemot sina konkurrenter som ett resultat av regelbrottet och för att kompensera offren för de skador som de har drabbats av. I betänkandet framförs uppfattningen att offentliga och privata åtgärder utgör två pelare där målen att skydda marknadsdisciplinen i allmänhetens intresse och att skydda de privata intressena för aktörerna på den marknaden kompletterar varandra.
Administrativa och rättsliga myndigheters tillämpning av gemenskapens konkurrenslagstiftning måste vara enhetlig. Det får inte vara så att utslaget beror på vilken myndighet som beslutar om det. Detta är en central punkt. Det är nödvändigt att upprätthålla det gemensamma regelverket och reglerna om förmånlig behandling måste vara effektiva, offentliga och privata åtgärder måste samordnas och samarbetet mellan de behöriga myndigheterna måste intensifieras.
I betänkandet föreslås en gemenskapsmodell i linje med unionens rättsliga kultur, som tar hänsyn till medlemsstaternas rättstraditioner. Man vill inte ha en utveckling mot den amerikanska modellen, och det rekommenderas inte att faktorer som är unika för den modellen ska införas, t.ex. rättsliga myndigheter där även personer som inte är jurister ingår, grupptalan, skadestånd som är tre gånger större än den skada som åsamkats, stränga krav på tillgång till handlingarna och det systemets sätt att reglera advokatkostnader och rättegångskostnader."@sv22
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| lpv:translated text |
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris Kroes, beste collega’s, het bestaan van economische vrijheid, het functioneren van de interne markt en een duurzame ontwikkeling van Europa zijn onlosmakelijk verbonden met het mededingingsbeleid. Sinds de ondertekening van het Verdrag van Rome, vijftig jaar geleden, is dit beleid steeds belangrijker geworden. Concurrentie is een indicator voor de vitaliteit en het vermogen van Europa om zich te onderscheiden, en dit beleid is van vitaal belang om de strategie van Lissabon en de doelstellingen van de Unie te verwezenlijken.
Asymmetrische situaties moeten gecompenseerd en onverantwoordelijke gedragingen vermeden worden, zonder het beginsel van de gelijke wapens te schenden noch geschillen op kunstmatige wijze te stimuleren. Het gaat erom het rationeel gebruik van wettelijke vorderingen en niet het juridisch activisme aan te moedigen, en waar het vooral om gaat, is dat we het op een vriendschappelijke wijze en in een vroegtijdig stadium oplossen van conflicten bevorderen.
De communautaire mededinging is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. De nationale bestuurlijke of gerechtelijke procedures veranderen daar niets aan, en zij mogen niet beletten dat er gemeenschappelijke richtsnoeren voor straffen bestaan, krachtens de beginselen van de beste wetgeving.
Ten slotte wil ik de rapporteur van de Commissie juridische zaken, de heer Doorn, bedanken voor zijn waardevolle bijdrage, de schaduwrapporteurs voor hun hulp, evenals degenen die amendementen hebben ingediend.
Ik ben blij met de constante en voorbeeldige dialoog met de Commissie tijdens het opstellen van het verslag, en ik roep de commissaris op om in het volgende witboek ook blijk te geven van haar betrokkenheid.
Inbreuken op de mededingingsregels vormen een aantasting van de eerlijke concurrentie, ze zijn van invloed op de uitwisselingsstromen tussen de lidstaten, ze verminderen het vertrouwen in de regels en remmen de economische dynamiek en resultaten van de Europese Unie af. Het is belangrijk dat we over afschrikkings- en reactiemechanismen beschikken.
De aanpak van inbreuken heeft zich voornamelijk op publiekrechtelijk terrein afgespeeld. De centralisering van de toepassing van artikel 81, lid 3, – door middel van controle
door de Commissie, en sinds de jaren tachtig versoepeld door de vrijstellingsregels – werd slachtoffer van haar eigen succes; de vraag naar meer en betere mededinging toonde aan dat die centralisering ondoelmatig was in economisch opzicht en ontoereikend in juridisch opzicht.
De rol van de privaatrechtelijke vorderingen werd onderstreept door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest in de zaak Courage
Crehan van 2001, waarin erkend werd dat elke burger de mogelijkheid heeft om bij de rechtsorganen van zijn land een vergoeding te eisen voor de schade veroorzaakt door de inbreukpleger.
Met de modernisering van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad werd het monopolie van de Commissie gebroken en een meer open systeem erkend, dat op gedecentraliseerde wijze kan worden toegepast door de bestuurlijke overheden die deel uitmaken van het net van communautaire mededingingsautoriteiten en ook rechtstreeks door de nationale rechtsorganen.
Het instellen van rechtsvorderingen is geen exotische gedachte maar een terugkeer tot de klassieke rechtspraak in die zin dat het gemeenschapsrecht de lidstaten en particulieren verplichtingen oplegt, en het heeft verticale en horizontale effecten die rechtsbescherming noodzakelijk maken. Volgens een studie die op last van de Commissie is uitgevoerd, is het gebruik van rechtsvorderingen in de lidstaten uitermate divers en volslagen onderontwikkeld – in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar negen van de tien toepassingsprocedures van juridische aard zijn. De rapporteur oordeelt positief over de publicatie door de Commissie van een groenboek voor het vaststellen van obstakels die privaatrechtelijke vorderingen in de weg staan en voor het vinden van oplossingen om die obstakels uit de weg te ruimen.
In een geavanceerd mededingingssysteem moet de publiekrechtelijke vordering tegen de straffeloosheid van inbreukplegers worden ondersteund door privaatrechtelijke vorderingen tegen immuniteit en indemniteit op grond van de schade die de slachtoffers van hun gedragingen is toegebracht. Door het instellen van privaatrechtelijke vorderingen te vergemakkelijken, zullen de mededingingsregels doelmatiger worden. De argumenten hiervoor zijn onder andere dat dit zal leiden tot meer doeltreffendheid en meer rechtvaardigheid. Het opleggen van boetes is onvoldoende als dit niet vergezeld gaat van privaatrechtelijke vorderingen die ervoor zorgen dat de inbreukpleger ten opzichte van zijn concurrenten geen profijt heeft van de inbreuk, en dat hij de slachtoffers de toegebrachte schade vergoedt. Het verslag gaat ervan uit dat publiek- en privaatrechtelijke vorderingen twee pijlers vormen die als aanvullend doel hebben de marktdiscipline als sociale institutie en de particuliere belangen van de marktdeelnemers te beschermen.
De toepassing van het communautaire mededingingsrecht door bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten mag er niet toe leiden dat de uniforme toepassing verstoord wordt. Het mag niet zo zijn dat een oordeel afhangt van de autoriteit die het velt. Dat is een essentieel punt. We moeten het communautaire erfgoed en doeltreffende clementieregelingen handhaven, publiekrechtelijke vorderingen coördineren en de samenwerking tussen alle bevoegde autoriteiten versterken.
In het verslag wordt een communautair model voorgesteld dat overeenkomt met de rechtscultuur van de Unie, dat de rechtstradities van de lidstaten in aanmerking neemt. Het verwerpt het afglijden naar het model van de VS want het is er geen voorstander van de specifieke eigenschappen van dat model hier in te voeren, zoals het gebruikmaken van gerechtelijke autoriteiten die uit anderen dan vakmensen bestaan, de
schadevergoedingen die drie keer zo hoog zijn als de geleden schade, strikte vereisten om toegang te krijgen tot documenten, en het systeem van beroepshonoraria of proceskosten."@nl3
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"a priori"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,21,4,17,12
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"class actions,"3
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| lpv:translated text |
"Señor Presidente, señora Comisaria Kroes, queridos colegas, la existencia de libertad económica, el funcionamiento del mercado interior y la sostenibilidad del desarrollo europeo son inseparables de la política de la competencia. Desde la firma del Tratado de Roma, hace 50 años, su importancia no ha dejado de aumentar. La competencia es un indicador de la vitalidad y excelencia europea, una política clave para cumplir la estrategia de Lisboa y alcanzar los objetivos de la Unión.
Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 —a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80— fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage
Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros —según el estudio encargado por la Comisión— revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo —a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales—. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales —las
—, la fijación de indemnizaciones por el triple de daños, los excesos en el acceso a documentos y el sistema de honorarios profesionales o costas procesales."@lv13
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| lpv:translated text |
"Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Kroes, κυρίες και κύριοι, η ύπαρξη οικονομικής ελευθερίας, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης συνδέονται άρρηκτα με την πολιτική ανταγωνισμού. Από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης πριν από 50 χρόνια, η σημασία της συνεχίζει να αυξάνεται. Ο ανταγωνισμός αποτελεί δείκτη της ευρωπαϊκής ζωτικότητας και υπεροχής, μια βασική πολιτική αναφορικά με την εκπλήρωση της στρατηγικής της Λισαβόνας και την επίτευξη των στόχων της Ένωσης.
Πρέπει να αποκαταστήσουμε τις ανισότητες και να διασφαλίσουμε την ανάληψη των ευθυνών, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας όπλων ή να ενθαρρύνονται τεχνητά οι δικαστικές αντιπαραθέσεις. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η ορθολογική χρήση των νομικών δράσεων και όχι ο δικαστικός ακτιβισμός, και πάνω απ’ όλα να προωθηθεί η φιλική και ήρεμη διευθέτηση των διαφορών.
Ο κοινοτικός ανταγωνισμός είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικές διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες δεν το αλλάζουν αυτό και δεν πρέπει να αποτρέψουν την ύπαρξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών για κυρώσεις, σύμφωνα με τις αρχές της βέλτιστης νομοθεσίας.
Θα τελειώσω ευχαριστώντας τον συντάκτη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, κ. Doorn, για την πολύτιμη συνεργασία του, τους σκιώδεις εισηγητές για τη βοήθειά τους και τους βουλευτές που υπέβαλαν τροπολογίες για τη συμβολή τους.
Εκτιμώ τον συνεχή και υποδειγματικό διάλογο που διεξήχθη με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έκθεσης και παροτρύνω την Επίτροπο να συνεχίσει να αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην επόμενη Λευκή Βίβλο.
Οι αντϊανταγωνιστικές παραβάσεις καθιστούν το παιχνίδι αθέμιτο, έχουν επιπτώσεις στις ροές συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους κανόνες. Μειώνουν τον δυναμισμό και τα αποτελέσματα της Ένωσης. Είναι σημαντικό να έχουμε αποτρεπτικούς και αντιδραστικούς μηχανισμούς.
Οι παραβάσεις αντιμετωπίζονται κυρίως μέσω δημόσιων αγωγών διοικητικού χαρακτήρα. Ο συγκεντρωτισμός της εφαρμογής του άρθρου 81, παράγραφος 3 –μέσω του εκ των προτέρων ελέγχου της Επιτροπής, που μετριάστηκε μέσω των κανόνων απαλλαγής από τη δεκαετία του 1980 και εντεύθεν– έπεσε θύμα της ίδιας του της επιτυχίας· η ζήτηση για ολοένα και μεγαλύτερο και καλύτερο ανταγωνισμό αποκάλυψε την οικονομική του αναποτελεσματικότητα και τις νομικές του ανεπάρκειες.
Ο ρόλος των ιδιωτικών αγωγών υπογραμμίστηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όταν η απόφαση του 2001 στην υπόθεση Courage κατά Crehan αναγνώρισε ότι ο καθένας θα μπορούσε να προσφύγει σε εθνικά δικαστικά όργανα, προκειμένου να διεκδικήσει αποζημίωση για ζημίες προκληθείσες από τις ενέργειες του παραβάτη.
Ο εκσυγχρονισμός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου έθεσε τέλος στο μονοπώλιο της Επιτροπής και αναγνώρισε ένα πιο ανοιχτό σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται με έναν αποκεντρωμένο τρόπο από τις διοικητικές αρχές που συνιστούν το δίκτυο των κοινοτικών αρχών ανταγωνισμού και επίσης απευθείας από τις εθνικές δικαστικές αρχές.
Η δυνατότητα ιδιωτικών αγωγών δεν είναι κάτι εξωτικό, αλλά αντίθετα μια επιστροφή στη βασική νομολογία, σύμφωνα με την οποία το κοινοτικό δίκαιο επιβάλλει υποχρεώσεις στα κράτη και στα άτομα και έχει κάθετες και οριζόντιες επιπτώσεις που απαιτούν δικαστική προστασία. Η χρήση τους στα κράτη μέλη –σύμφωνα με μια μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή– είναι εξαιρετικά ποικίλη και ελλιπώς ανεπτυγμένη – σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εννέα στις δέκα διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι δικαστικές. Ο εισηγητής αξιολογεί θετικά την έκδοση ενός πράσινου βιβλίου από την Επιτροπή, προκειμένου να προσδιοριστούν τα εμπόδια που υπάρχουν στην άσκηση των ιδιωτικών αγωγών και να εξευρεθούν τρόποι για την άρση τους.
Σε ένα προηγμένο σύστημα ανταγωνισμού, η δημόσια αγωγή κατά της ατιμωρησίας των επιχειρήσεων παραβατών πρέπει να στηρίζεται με ιδιωτική αγωγή κατά της ασυλίας τους και αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν στα θύματα από τις δράσεις τους. Η διευκόλυνση των ιδιωτικών αγωγών θα καταστήσει τους κανόνες του ανταγωνισμού πιο αποτελεσματικούς. Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής περιλαμβάνουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τη δικαιοσύνη. Η επιβολή προστίμων είναι ανεπαρκής, εκτός αν συνοδεύεται από ιδιωτικές αγωγές που αποτρέπουν να κερδίσει ο παραβάτης πλεονέκτημα σε σχέση με ανταγωνιστές ως αποτέλεσμα της παράβασης και αποζημιώνουν τα θύματα για τις προκληθείσες ζημιές. Η έκθεση υιοθετεί την άποψη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές αγωγές αποτελούν δύο πυλώνες με τον συμπληρωματικό σκοπό της διασφάλισης της πειθαρχίας της αγοράς προς το δημόσιο συμφέρον και της προστασίας των ιδιωτικών συμφερόντων των παραγόντων αυτής της αγοράς.
Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού από διοικητικές και δικαστικές αρχές δεν πρέπει να οδηγήσει σε έλλειψη ομοιομορφίας στην εφαρμογή του. Οι αποφάσεις δεν πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με την αρχή που τις υιοθετεί. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Το κοινοτικό κεκτημένο και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης πρέπει να διατηρηθούν, οι δημόσιες και ιδιωτικές αγωγές πρέπει να συντονιστούν και η συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών πρέπει να ενισχυθεί.
Η έκθεση προτείνει ένα κοινοτικό μοντέλο σύμφωνα με τη νομική κουλτούρα της Ένωσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών. Αντιτίθεται στη στροφή προς το αμερικανικό μοντέλο, καθώς δεν είναι υπέρ της εισαγωγής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτού του μοντέλου, όπως δικαστικά όργανα αποτελούμενα από μη επαγγελματίες, συλλογικές αγωγές, καταβολή αποζημιώσεων τριπλάσιου ύψους της προκληθείσας ζημίας, αυστηρές απαιτήσεις για την αποκάλυψη εγγράφων, και το σύστημα της αμοιβής του δικηγόρου και της καταβολής των δικαστικών εξόδων."@el10
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"Antolín Sánchez Presedo (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
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"a priori"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,21,4,17,12
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| lpv:translated text |
"Herr Präsident, Frau Kommissarin Kroes, meine Damen und Herren! Die wirtschaftliche Freiheit, der funktionierende Binnenmarkt und die Nachhaltigkeit der europäischen Entwicklung sind untrennbar mit der Wettbewerbspolitik verbunden. Seit Unterzeichnung der Römischen Verträge vor 50 Jahren ist ihre Bedeutung weiter gewachsen. Der Wettbewerb ist ein Indikator für die europäische Vitalität und Exzellenz, eine entscheidende Politik für die Umsetzung der Lissabon-Strategie und die Erreichung der Ziele der Union.
Wir müssen die Unausgewogenheiten ausgleichen und gewährleisten, dass Haftungen übernommen werden, ohne das Gleichheitsprinzip zu verletzen oder Streitfälle künstlich zu fördern. Das Ziel besteht in der Förderung der rationalen Inanspruchnahme von Rechtsschritten und nicht des gerichtlichen Aktivismus und vor allem in der Unterstützung der Konfliktbeilegung im freundschaftlichen Geist und zu einem frühen Zeitpunkt.
Der gemeinschaftliche Wettbewerb liegt in der ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen Union. Die nationalen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren ändern daran nichts und dürfen nicht verhindern, dass gemäß den Grundsätzen einer besseren Gesetzgebung gemeinsame Leitlinien für Sanktionen existieren.
Abschließend möchte ich dem Berichterstatter des Rechtsausschusses, Herrn Doorn, für seine wertvolle Zusammenarbeit, den Schattenberichterstattern für ihre Hilfe und den Mitgliedern, die Änderungsanträge eingereicht haben, für ihre Beiträge danken.
Meine Wertschätzung gilt dem ständigen und vorbildlichen Dialog mit der Kommission während der Erarbeitung des Berichts, und ich möchte die Kommissarin dringend bitten, ihr Engagement auch im nächsten Weißbuch unter Beweis zu stellen.
Verletzungen des Wettbewerbsrechts machen das Spiel unfair, wirken sich auf den Handel zwischen den Mitgliedsaaten aus und schaden dem Vertrauen in die Vorschriften. Sie schränken die Dynamik und die Ergebnisse der Union ein. Es ist wichtig, dass wir über Mechanismen zur Abschreckung und Reaktion verfügen.
Die Verletzungen werden hauptsächlich durch staatliche Rechtsdurchsetzung administrativer Art geahndet. Die Zentralisierung der Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 – durch eine vorherige Kontrolle seitens der Kommission, die durch die Freistellungsregelungen seit den Achtzigerjahren abgeschwächt wurde – fiel ihrem eigenen Erfolg zum Opfer; die Forderung nach immer mehr und besserem Wettbewerb offenbarte ihre wirtschaftliche Ineffizienz und ihre rechtlichen Mängel.
Die Rolle der privaten Rechtsdurchsetzung wurde vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hervorgehoben, als er im Urteil Courage gegen Crehan 2001 anerkannte, dass jeder die Möglichkeit hat, vor den nationalen Rechtsprechungsorganen Ersatz für die vom Rechtsverletzer verursachten Schäden einzuklagen.
Die Modernisierung der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates brach das Monopol der Kommission auf und akzeptierte ein offeneres System, das dezentral von den Verwaltungsstellen, die das Netz der Wettbewerbsbehörden der Gemeinschaft bilden, und auch unmittelbar von den einzelstaatlichen Justizbehörden angewandt werden kann.
Die Möglichkeit der privaten Rechtsdurchsetzung ist keine exotische Erscheinung, sondern die Rückkehr zur klassischen Rechtsprechung, nach der das Gemeinschaftsrecht den Staaten und Einzelpersonen Pflichten auferlegt und die vertikale und horizontale Auswirkungen hat, die einen Rechtsschutz erforderlich machen. Ihre Anwendung in den Mitgliedstaaten – nach einer von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie – ist höchst unterschiedlich und völlig unterentwickelt – im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo neun von zehn Anwendungsverfahren gerichtlicher Art sind. Der Berichterstatter wertet die Veröffentlichung eines Grünbuchs durch die Kommission zur Identifizierung der Hindernisse, die der privaten Rechtsdurchsetzung im Weg stehen, und zur Ermittlung von Wegen zu ihrer Beseitigung als positiv.
In einem fortgeschrittenen Wettbewerbssystem muss die staatliche Rechtsdurchsetzung gegen die Straflosigkeit der rechtsverletzenden Unternehmen ergänzt werden durch die private Rechtsdurchsetzung gegen die Straffreiheit und Schadloshaltung in Bezug auf Schäden, die die Opfer ihrer Aktionen erlitten haben. Die Möglichkeit der Ausübung der privaten Rechtsdurchsetzung wird zu wirksameren Wettbewerbsregeln führen. Die Argumente dafür schließen Effizienz und Gerechtigkeit ein. Die Verhängung von Strafen reicht nicht aus, wenn sie nicht von der privaten Rechtsdurchsetzung begleitet wird, um zu verhindern, dass der Rechtsverletzer Vorteile gegenüber den Wettbewerbern aus der Verletzung zieht, und um die Opfer der verursachten Schäden zu entschädigen. Im Bericht wird die Auffassung vertreten, dass die staatliche und die private Rechtsdurchsetzung zwei Säulen bilden, mit dem zusätzlichen Ziel der Gewährleistung der Marktdisziplin im öffentlichen Interesse und des Schutzes der privaten Interessen der Marktteilnehmer.
Die Anwendung des EG-Wettbewerbsrechts durch die Verwaltungs- und Justizbehörden darf nicht zu einem Bruch der Einheitlichkeit bei seiner Umsetzung führen. Gerichtsentscheidungen dürfen nicht variieren in Abhängigkeit von der Behörde, die sie trifft. Das ist ein kritischer Punkt. Der gemeinschaftliche Besitzstand und die Wirksamkeit der Kronzeugenregelungen müssen aufrechterhalten werden, die staatliche und private Rechtsdurchsetzung ist zu koordinieren und die Zusammenarbeit zwischen allen zuständigen Stellen zu intensivieren.
Der Bericht schlägt ein Gemeinschaftsmodell in Übereinstimmung mit der Rechtskultur der Union vor, das die Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten berücksichtigt. Er verhindert ein Abgleiten zum US-Modell, da er nicht für die Einführung der besonderen Merkmale dieses Modells eintritt, beispielsweise Justizorgane, in denen Laien vertreten sind, „Verbandsklagen“, Entschädigung in dreifacher Schadenshöhe, strenge Forderungen für die Offenlegung von Dokumenten und die Honorarregelung für Anwälte oder Prozesskosten."@de9
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| lpv:translated text |
"Mr President, Commissioner Kroes, ladies and gentlemen, the existence of economic freedom, the functioning of the internal market and the sustainability of European development are inextricably linked to the competition policy. Since the Treaty of Rome was signed 50 years ago, its importance has continued to grow. Competition is an indicator of European vitality and excellence, a key policy in terms of fulfilling the Lisbon Strategy and achieving the Union’s objectives.
We must compensate for imbalances and ensure that liabilities are met, without violating the principle of equality of arms or artificially stimulating litigiousness. The aim is to encourage the rational use of legal actions and not judicial activism, and above all to promote the amicable and early settlement of disputes.
Community competition is an exclusive competence of the European Union. National administrative and judicial procedures do not alter that and they must not prevent the existence of common guidelines for penalties, in accordance with the principles of better legislation.
I shall end by thanking the rapporteur for the Committee on Legal Affairs, Mr Doorn, for his valuable cooperation, the shadow rapporteurs for their help and the Members who have tabled amendments for their contributions.
I appreciate the constant and exemplary dialogue maintained with the Commission during the drawing up of the report and I would urge the Commissioner to carry on demonstrating her commitment in the next White Paper.
Anti-competitive infringements make the game unfair, impact on flows of exchanges amongst Member States and damage confidence in the rules. They reduce the Union’s dynamism and results. It is important that we have dissuasive and reactive mechanisms.
Infringements have been dealt with principally by means of public actions of an administrative nature. The centralisation of the application of Article 81(3) — through
control by the Commission, toned down by means of the exemption regulations from the 1980s onwards — was a victim of its own success; the demand for more and better competition revealed its economic inefficiency and its legal shortcomings.
The role of private actions was stressed by the Court of Justice of the European Communities when the 2001 Courage v. Crehan judgment recognised that anybody could have recourse to national judicial bodies in order to claim damages resulting from the actions of the infringer.
The modernisation of Regulation (EC) No 1/2003 of the Council put an end to the Commission’s monopoly and recognised a more open system, applicable in a decentralised manner by the administrative authorities making up the network of Community competition authorities and also directly by the national judicial authorities.
The possibility of private actions is nothing exotic, but rather a return to the classic jurisprudence according to which Community law imposes obligations on the States and on private individuals, and has vertical and horizontal effects that require judicial protection. Their use in the Member States – according to a study ordered by the Commission – is extremely diverse and entirely underdeveloped – unlike in the United States, where nine out of every ten application procedures are judicial. The rapporteur takes a positive view of the Commission’s publication of a Green Paper to identify the obstacles standing in the way of private actions and to find ways to remove them.
In an advanced system of competition, public action against the impunity of infringer undertakings should be backed with private actions against immunity and indemnity in relation to the damages suffered by the victims of their actions. Facilitating private actions will make the competition rules more effective. The arguments for it include both efficiency and justice. The imposition of fines is insufficient unless accompanied by private actions to prevent the infringer from gaining advantage compared to competitors as a result of the infringement and to compensate the victims of the damages caused. The report takes the view that public and private actions form two pillars with the complementary aim of safeguarding market discipline in the public interest and protecting the private interests of players on that market.
The application of Community competition law by administrative and judicial authorities must not lead to any lack of uniformity in its application. Judgments must not be allowed to vary according to the authority making it. This is a crucial point. The Community acquis and the effectiveness of leniency programmes must be maintained, public and private actions must be coordinated and cooperation amongst all of the competent authorities must be intensified.
The report proposes a Community model in line with the Union’s legal culture, which takes account of the Member States’ legal traditions. It opposes a slide towards the US model, since it is not in favour of introducing that model’s peculiar characteristics, such as judicial bodies consisting of non-professionals, ‘class actions’, punitive damage payments of three times the damage occasioned, strict requirements on the disclosure of documents and the system of lawyer’s fees and litigation costs."@en4
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| lpv:unclassifiedMetadata |
"a priori"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,21,4,17,12
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"Courage c. Crehan"17
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"a priori"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,21,4,17,12
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| lpv:spoken text |
".
Señor Presidente, Comisaria Kroes, queridos colegas, la existencia de libertad económica, el funcionamiento del mercado interior y la sostenibilidad del desarrollo europeo son inseparables de la política de la competencia. Desde la firma del Tratado de Roma, hace 50 años, su importancia no ha dejado de aumentar. La competencia es un indicador de la vitalidad y excelencia europea, una política clave para cumplir la estrategia de Lisboa y alcanzar los objetivos de la Unión.
Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 –a través del control
por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80– fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage versus Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros –según el estudio encargado por la Comisión– revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo –a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales–. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales –las class actions–, la fijación de indemnizaciones por el triple de daños, los excesos en el acceso a documentos y el sistema de honorarios profesionales o costas procesales."@es21
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| lpv:translated text |
"Senhor Presidente, Senhora Comissária Kroes, Senhoras e Senhores Deputados, a existência de liberdade económica, o funcionamento do mercado interno e a sustentabilidade do desenvolvimento europeu são inseparáveis da política da concorrência. Desde a assinatura do Tratado de Roma, há 50 anos, a sua importância não parou de aumentar. A concorrência é um indicador da vitalidade e excelência europeia, uma política chave para cumprir a Estratégia de Lisboa e alcançar os objectivos da União.
Importa compensar as assimetrias e evitar a irresponsabilidade, sem pôr em causa o princípio da igualdade de condições nem estimular artificialmente o litígio. Trata-se de fomentar a utilização racional das acções legais, e não o activismo judicial e, principalmente, de propiciar a solução amigável e atempada de conflitos.
A competência comunitária é uma competência exclusiva da União Europeia. Os procedimentos administrativos ou jurisdicionais nacionais não alteram esta condição e não devem impedir que existam orientações comuns para as sanções, de acordo com os princípios de melhor legislação.
Termino agradecendo ao relator da Comissão dos Assuntos Jurídicos, senhor deputado Doorn, a sua valiosa colaboração, a ajuda dos relatores-sombra e as contribuições dos autores das alterações.
Afiro positivamente o diálogo constante e exemplar mantido com a Comissão durante a redacção do relatório e insto a Comissária a continuar a dar mostras do seu compromisso no próximo Livro Branco.
As infracções das regras de concorrência alteram o jogo limpo, têm repercussões nos fluxos de intercâmbios entre os Estados-Membros e diminuem a confiança nas regras; reduzem o dinamismo e os resultados da União. É importante dispor de meios de dissuasão e de reacção.
O tratamento da violação das regras tem sido feito principalmente através de acções públicas de carácter administrativo. A centralização da aplicação do número 3 do artigo 81º - através do controlo
pela Comissão, atenuada pelos regulamentos de isenções a partir dos anos 80 - foi vítima do seu próprio êxito; a procura de mais e melhor concorrência revelou a sua ineficiência económica e a sua insuficiência jurídica.
O papel das acções privadas foi salientado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias quando o acórdão
de 2001 reconheceu a possibilidade de que qualquer pessoa reclamasse perante os órgãos jurisdicionais nacionais os danos e prejuízos causados pelo infractor.
A modernização do Regulamento (CE) n° 1/2003 do Conselho pôs termo ao monopólio da Comissão e reconheceu um sistema mais aberto, aplicável de forma descentralizada pelas autoridades administrativas integrantes da rede de autoridades comunitárias da concorrência e também directamente pelas autoridades judiciais nacionais.
A possibilidade de acções privadas não é algo exótico, mas o retorno à jurisprudência clássica segundo a qual o direito comunitário impõe obrigações aos Estados e aos cidadãos, e produz efeitos verticais e horizontais susceptíveis de protecção judicial. A sua utilização nos Estados-Membros - de acordo com o estudo encomendado pela Comissão - revela uma surpreendente diversidade e total subdesenvolvimento - contrariamente aos Estados Unidos, onde nove em cada dez procedimentos de aplicação são judiciais. O relator afere positivamente a publicação pela Comissão de um Livro Verde para identificar os obstáculos que se levantam ao exercício de acções privadas e para obter respostas para a sua remoção.
Num sistema de concorrência avançado, a acção pública contra a impunidade dos infractores deve ser complementada com a acção privada contra a imunidade e indemnidade pelos danos causados às vítimas da sua conduta. Facilitar o exercício de acções privadas tornará mais efectivas as regras da concorrência. Dá resposta a razões de eficiência e de justiça. A imposição de coimas é insuficiente se não for acompanhada de acções privadas que impeçam que o infractor goze de vantagens comparativamente aos concorrentes devido à infracção e compense as vítimas pelos danos causados. O relatório considera que as acções públicas e privadas formam dois pilares com o objectivo complementar de salvaguardar a disciplina do mercado própria do interesse público e de proteger os interesses privados dos actores.
A aplicação do direito comunitário da concorrência pelas autoridades administrativas e judiciais não deve conduzir à quebra da uniformidade da sua implementação. Uma resolução não pode variar de acordo com a autoridade que a adopta. Isto é um ponto crucial. É necessário manter o acervo comunitário e a eficácia dos programas de redução ou não aplicação de coimas, coordenar acções públicas e privadas e intensificar a cooperação entre todas as autoridades competentes.
O relatório propõe um modelo comunitário consentâneo com a cultura jurídica da União, que tem presente as tradições jurídicas dos Estados-Membros. Rejeita uma tendência em direcção ao modelo norte-americano por não partilhar a conveniência de introduzir as suas características singulares, como a possibilidade de haver órgãos judiciais integrados por não profissionais - as
a fixação de indemnizações num valor três vezes superior aos danos causados, requisitos rigorosos no acesso a documentos e o sistema de fixação de honorários profissionais ou de custos do litígio."@pt17
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| lpv:unclassifiedMetadata |
"class actions -"17
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| lpv:unclassifiedMetadata |
"a priori"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,21,4,17,12
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| lpv:unclassifiedMetadata |
"acquis"12
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| lpv:translated text |
"Signor Presidente, signora Commissario Kroes, onorevoli colleghi, l’esistenza della libertà economica, il funzionamento del mercato interno e la sostenibilità dello sviluppo europeo sono indissolubilmente legati alla politica della concorrenza. Dalla firma del Trattato di Roma che ebbe luogo 50 anni fa, la sua importanza continua ad aumentare. La concorrenza è un indice della vitalità e dell’eccellenza europea, una politica chiave per realizzare la strategia di Lisbona e raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea.
Dobbiamo compensare gli squilibri esistenti, e garantire che ognuno si assuma le proprie responsabilità; la lite non va promossa in modo artificioso e va combattuta ad armi pari. Lo scopo non è tanto l’attivismo quanto l’uso razionale dell’azione legale, in modo da favorire soluzioni rapide e amichevoli delle controversie.
La concorrenza comunitaria non è competenza esclusiva dell’Unione europea. Le procedure amministrative e giudiziarie nazionali non modificano tale principio, e non devono impedire l’esistenza di orientamenti comuni per le sanzioni, in conformità dei principi del “legiferare meglio”.
Concluderò ringraziando il relatore della commissione giuridica, onorevole Doorn, per il prezioso contributo, i relatori ombra per il loro aiuto e i deputati che hanno contribuito con i loro emendamenti.
Apprezzo il dialogo costante ed esemplare mantenuto con la Commissione durante la stesura della relazione, e invito la signora Commissario a continuare con questo impegno nel prossimo Libro bianco.
Se si violano le norme della concorrenza, il gioco si fa disonesto, con conseguenze per i flussi di scambio tra gli Stati membri; si incrina quindi la fiducia nelle norme, e si riducono il dinamismo e i risultati dell’Unione. E’ quindi importante disporre di meccanismi di dissuasione e reazione.
I procedimenti giudiziari pubblici di tipo amministrativo sono stati lo strumento cui si è ricorsi più frequentemente per trattare le violazioni. La centralizzazione dell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 – attuata mediante il controllo
effettuato dalla Commissione, e attenuata attraverso i regolamenti di esenzione a partire dagli anni ’80 – è stata vittima del proprio successo; la richiesta di una maggiore e migliore concorrenza ne ha rivelato l’inefficienza economica e le carenze giuridiche.
Il ruolo dei procedimenti giudiziari privati è stato sottolineato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee quando la sentenza del 2001 nella causa Courage contro Crehan riconobbe che chiunque può ricorrere agli organi giudiziari nazionali per ottenere il risarcimento dei danni provocati da violazioni.
La modernizzazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ha messo fine al monopolio della Commissione e ha riconosciuto un sistema più aperto, applicabile in maniera decentrata dalle autorità amministrative che compongono la rete delle autorità comunitarie preposte alla concorrenza, e direttamente dalle autorità giudiziarie nazionali.
Non c’è niente di strano nella possibilità di intentare procedimenti giudiziari privati; è piuttosto il ritorno alla giurisprudenza classica, secondo la quale il diritto comunitario impone obblighi agli Stati e ai privati, e produce effetti verticali e orizzontali che richiedono protezione giudiziaria. Il loro utilizzo negli Stati membri – secondo uno studio commissionato dalla Commissione – è estremamente vario e poco sviluppato, a differenza degli Stati Uniti, dove nove procedure applicative su dieci sono di natura giudiziaria. Il relatore si rallegra che la Commissione abbia pubblicato il Libro verde, per individuare gli ostacoli che si frappongono ai procedimenti giudiziari privati e per trovare il modo di abbatterli.
In un sistema avanzato di concorrenza, l’azione pubblica volta a contrastare l’impunità delle imprese che violano le norme deve essere sostenuta da un’azione privata che contrasti la loro immunità e indennizzi i danni subiti dalle vittime del loro comportamento. Favorendo l’azione privata, si renderanno più efficaci le norme della concorrenza, e questo risponde sia a motivi di efficienza che di giustizia. L’imposizione di sanzioni non basta se non è accompagnata da azioni private volte a impedire al trasgressore di avvantaggiarsi rispetto ai concorrenti in seguito alla violazione, e a compensare le vittime dei danni provocati. Secondo la relazione, i procedimenti pubblici e privati rappresentano due pilastri e hanno il duplice obiettivo di salvaguardare la disciplina di mercato nel pubblico interesse, e di proteggere gli interessi privati dei soggetti che operano sul mercato.
L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte delle autorità amministrative e giudiziarie deve realizzarsi in maniera uniforme; una decisione non può variare a seconda dell’autorità che l’adotta. Questo è un punto cruciale. E’ necessario mantenere l’
comunitario e l’efficacia dei programmi di clemenza, coordinare i procedimenti pubblici e privati e intensificare la cooperazione fra tutte le autorità competenti.
La relazione propone un modello comunitario conforme alla cultura giuridica dell’Unione, che tiene conto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. Si oppone allo slittamento verso il modello statunitense, dal momento che non ritiene opportuno introdurre le caratteristiche peculiari di quel modello: autorità giudiziarie composte da non professionisti
risarcimenti punitivi del danno pari a tre volte il danno cagionato, norme rigorose sulla diffusione dei documenti e per finire il sistema degli onorari degli avvocati e delle spese per la causa."@it12
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| lpv:translated text |
".
Monsieur le Président, Madame la Commissaire Kroes, Mesdames et Messieurs, l’existence de la liberté économique, le fonctionnement du marché intérieur et la durabilité du développement européen sont inextricablement liés à la politique de concurrence. Depuis la signature du traité de Rome il y a 50 ans, son importance n’a cessé de croître. La concurrence est un indicateur de la vitalité et de l’excellence européennes, une politique clé en vue de réaliser la stratégie de Lisbonne et les objectifs de l’Union.
Nous devons compenser les déséquilibres et veiller à ce que les responsabilités soient assumées, sans violer le principe d’égalité d’armes ni stimuler artificiellement le caractère litigieux. L’objectif est d’encourager l’utilisation rationnelle d’actions juridiques et pas l’activisme judiciaire et, surtout, de promouvoir le règlement précoce et à l’amiable des litiges.
La concurrence communautaire est une compétence exclusive de l’Union européenne. Les procédures administratives et judiciaires nationales ne changent rien à cet état de fait et ne doivent pas empêcher l’existence d’orientations communes en matière de sanctions, conformément aux principes de meilleure législation.
Je conclurai en remerciant le rapporteur de la commission des affaires juridiques, M. Doorn, pour sa précieuse coopération, les rapporteurs fictifs pour leur aide et les députés qui ont présenté des amendements pour leur contribution.
J’apprécie le dialogue constant et exemplaire entretenu avec la Commission au cours de la rédaction du rapport et je demanderai à la commissaire de continuer à démontrer son engagement pour le prochain livre blanc.
Les infractions à la concurrence déséquilibrent le jeu, influencent les flux d’échanges entre les États membres et entament la confiance dans les règles. Elles réduisent le dynamisme et les résultats de l’Union. Il est important que nous disposions de mécanismes de dissuasion et de réaction.
Les infractions ont principalement été traitées au moyen d’actions publiques de nature administrative. La centralisation de l’application de l’article 81, paragraphe 3, - à travers un contrôle préalable de la Commission, atténué au moyen des règlements d’exemption à partir des années 1980 - a été victime de son propre succès; la demande de davantage de concurrence et d’une meilleure concurrence a révélé son inefficacité économique et ses insuffisances juridiques.
Le rôle des actions civiles a été mis en évidence par la Cour de justice des Communautés européennes lorsque l’arrêt Courage contre Crehan de 2001 a reconnu que tout un chacun pouvait avoir recours aux organes judiciaires nationaux pour réclamer des dommages et intérêts résultant des actions du contrevenant.
La modernisation du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil a mis fin au monopole de la Commission et a admis un système plus ouvert, applicable de manière décentralisée par les autorités administratives constituant le réseau des autorités communautaires de la concurrence, mais aussi directement par les autorités judiciaires nationales.
La possibilité d’intenter des actions civiles n’est pas quelque chose d’exotique, mais plutôt un retour à la jurisprudence classique en vertu de laquelle le droit communautaire impose des obligations aux États et aux particuliers et a des effets verticaux et horizontaux qui nécessitent une protection judiciaire. Leur utilisation dans les États membres - selon une étude commandée par la Commission - est très diverse et totalement sous-développée - contrairement aux États-Unis où neuf procédures de demande sur dix sont judiciaires. Le rapporteur juge positif que la Commission publie un livre vert en vue d’identifier les obstacles barrant la route aux actions civiles et de trouver des moyens de les éliminer.
Dans un système de concurrence avancé, une action publique contre l’impunité des entreprises contrevenantes devrait être complétée par des actions civiles contre l’immunité et l’indemnité à l’égard des préjudices subis par les victimes de leurs actions. Faciliter les actions civiles renforcera l’efficacité des règles de concurrence. Les arguments en cette faveur incluent l’efficacité et la justice. L’imposition d’amendes est insuffisante, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’actions civiles en vue d’empêcher le contrevenant de prendre l’avantage sur ses concurrents grâce à son infraction et de donner compensation aux victimes des préjudices causés. Le rapport estime que les actions publiques et privées constituent deux piliers qui ont pour objectif complémentaire de garantir la discipline du marché dans l’intérêt public et de protéger les intérêts privés des acteurs de ce marché.
L’application du droit communautaire de la concurrence par les autorités administratives et judiciaires ne doit pas entraîner un manque d’uniformité. Les jugements ne doivent pas varier en fonction de l’autorité qui les rend. C’est un point crucial. Il faut maintenir l’acquis communautaire et l’efficacité des programmes de clémence, coordonner les actions publiques et privées et intensifier la coopération entre toutes les autorités compétentes.
Le rapport propose un modèle communautaire en accord avec la culture juridique de l’Union, qui tient compte des traditions juridiques des États membres. Il est opposé à un glissement vers le modèle américain, puisqu’il n’est pas favorable à l’introduction des caractéristiques particulières de ce modèle, telles que des organes judiciaires composés de non-professionnels, les actions collectives, le paiement de dommages et intérêts punitifs équivalents au triple du préjudice causé, les exigences strictes en matière de divulgation de documents et le système d’honoraire des avocats et de frais de justice."@fr8
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